Sanitarias rechazan en su totalidad la solicitud de la FNE de aplicar un sistema tarifario para 15 servicios adicionales

Durante la mañana del miércoles se llevó a cabo una audiencia pública en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), instancia en la cual abogados en representación de diez sanitarias -Aguas Magallanes, Aguas Araucanía, Nueva Atacama, Aguas Altiplano, Suralis, Essbio, Nuevosur, Aguas del Valle, Esval y Aguas Andinas- presentaron sus alegatos contra la consulta ingresada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en noviembre de 2022.

En específico, la FNE busca que el TDLC se pronuncie respecto de si determinados servicios que prestan las empresas sanitarias y que hoy tienen libertad de precios -como la limpieza de fosas, la remisión de cuentas de consumo en papel, la venta de agua potable a camiones aljibe, el corte de suministro para la conexión de redes de agua potable y otros procesos relacionados en los territorios operacionales- tienen que someterse o no a una regulación tarifaria por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) dado que, a juicio de la Fiscalía, se trataría de negocios prestados de manera monopólica.

“La regulación tarifaria que propone la FNE es poco eficiente, es de difícil implementación, y alejada de los objetivos propios de la regulación económica”.

Diego Ramos, abogado de Pellegrini & Rencoret.

“La tarificación de los 15 servicios es necesaria, ya que evitará la posible concurrencia de abusos de posición monopólica”.

Sebastián López, abogado de la División Antimonopólica FNE.

“Hay formas menos gravosas de intervención a la luz del derecho de la competencia, y la Fiscalía Nacional Económica lo sabe”.

Gonzalo Villazón, asociado del estudio Ferrada Nehme.

El encargado de dar inicio a la jornada fue el abogado de la División de Antimonopolios de la FNE, Sebastián López. Durante su presentación, abordó una serie de aspectos que buscaron demostrar y ratificar la necesidad de ejercer una regulación tarifaria en los 15 servicios identificados, debido a que estos tienen “características monopólicas”.  

Por ejemplo, el abogado detalló que los indicios públicos existentes respecto a la venta de agua potable, no dan cuenta de una mayor competencia en esta industria, debido al aumento exponencial de gasto fiscal en compras de camiones aljibes. 

Con este y otros antecedentes sobre la mesa, López explicó que “la tarificación de los 15 servicios es necesaria, ya que evitará la posible concurrencia de abusos de posición monopólica y resguardará la situación de clientes cautivos del servicio que en ningún caso eligen encontrarse en esta”.

Gremio responde

A diferencia de la FNE, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) solicitó el “completo rechazo” de la consulta realizada.

El abogado de Pellegrini & Rencoret, Diego Ramos -en representación del gremio-, respaldó dicha posición con tres argumentos principales. En primer lugar, sostuvo que la consulta de la FNE no tiene sustento, sumado a que los documentos fundantes presentados tienen graves errores metodológicos y carecen de representatividad. 

También señaló que es prácticamente imposible tarificar adecuada y eficientemente los 15 servicios asociados que la Fiscalía pretende, y señaló que la tarificación no es la alternativa más costo eficiente en este caso. “Una preocupación transversal es que la regulación tarifaria que propone la FNE es poco eficiente, es de difícil -por no decir imposible- implementación, y alejada de los objetivos propios de la regulación económica. Nuestra representada está profundamente convencida de que es un deber gremial denunciar que la regulación propuesta por la Fiscalía no es óptima ni deseable, el análisis es equivocado y pretende implementar una idéntica e inadecuada solución para situaciones que son totalmente distintas”, enfatizó Ramos.

Los argumentos de las empresas

Luego de la presentación de la FNE y Andess, vino el turno de las diez empresas sanitarias, las cuales rechazaron en su totalidad la posibilidad de un sistema tarifario para los 15 servicios.

El abogado del estudio Carey y representante de Esval, José Pardo, enfatizó que la solicitud de la Fiscalía debe ser rechazada en todas sus partes. Explicó que, de acuerdo a la normativa vigente y a la interpretación de la superintendencia, la gran mayoría de los servicios incluidos en la solicitud de la FNE no pueden ser tarificados por la vía del TDLC.

“En segundo lugar, la FNE no ha aportado prueba alguna que, o al menos respecto a Esval, permita concluir que dicha empresa presta estos servicios con condiciones monopólicas”, señaló Pardo.

En tanto, Benjamín Grebe, abogado del estudio Prieto y representante de Aguas Andinas, destacó que desde el comienzo de este asunto hay un “gran ausente”, que son los clientes finales, enfatizando que la solicitud de la Fiscalía no hace ninguna mención a ellos ni a su situación actual o en la que quedarán si es que se acoge la solicitud, lo que podría afectar a más de 17 millones de personas.

Asimismo, Cristián Reyes, abogado del estudio Aninat y representante de Nueva Atacama, recalcó que la consulta presentada por la FNE es incompatible con la ley, debido a que la solicitud no calza con la ley general de servicios sanitarios. 

Por su parte, el asociado del estudio Ferrada Nehme, Gonzalo Villazón, -en representación de Suralis- enfatizó que no hay razones ni antecedentes para que el TDLC acoja la solicitud. 

“Hay formas menos gravosas de intervención –asumiendo que ella pueda ser necesaria– a la luz del derecho de la competencia, y la Fiscalía lo sabe. Los modelos de autorregulación controlada han dado positivos resultados (...) Todos los antecedentes advierten lo aventurado de una solicitud de tarificación para una multiplicidad de servicios que hoy se prestan en condiciones de razonable competencia y desafiabilidad”, concluyó Villazón.